Abinader propone proyecto de ley para aumentar a 10 años la pena por estafa

El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo busca fortalecer la persecución y judicialización de organizaciones criminales, incrementando las penas por delitos como las estafas masivas en el país.

Actualmente, el Código Penal vigente establece una pena máxima de dos años de prisión y multas para el delito de estafa. Sin embargo, el nuevo proyecto propone sanciones de entre 3 y 10 años de prisión para este tipo de delitos. Según el texto, se considera estafa masiva a quienes, con intención de lucro, utilicen nombres falsos o maniobras fraudulentas para atraer activos de varias personas bajo la promesa de beneficios económicos.

En los considerandos, el presidente Luis Abinader justifica el proyecto como un esfuerzo por alinearse con los estándares internacionales establecidos en convenciones como la de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, de la cual República Dominicana es signataria. Además, subraya la necesidad de actualizar el Código Penal Dominicano, que, pese a múltiples intentos de reforma, sigue siendo del siglo XIX, con retrasos principalmente vinculados al debate sobre el aborto.

El proyecto advierte que la falta de adopción de medidas legislativas y normativas para prevenir y sancionar eficazmente los delitos podría incluir al país en listas de naciones no cooperantes, afectando su reputación internacional.

Otras penas contempladas

La propuesta establece sanciones de 30 a 50 años de prisión para alrededor de 20 delitos graves, incluyendo estafas masivas. Además, fija penas de 10 a 30 años para quienes formen organizaciones criminales con el propósito de cometer delitos como lavado de activos, terrorismo, tráfico de personas, drogas o armas, entre otros.

También se tipifican con severidad el secuestro, tráfico de órganos humanos, estafas piramidales, delitos medioambientales y el sicariato, entre otros. Los delitos de alta tecnología, la falsificación de medicamentos y alimentos, y la adulteración de documentos públicos también están contemplados en esta normativa, con penas mínimas de tres años de prisión.

Penas para el sicariato

El artículo 38 especifica que quienes cometan asesinatos por pago, recompensa o promesa de beneficio enfrentarán penas de 40 a 50 años de prisión y multas de 75 a 350 salarios mínimos. La misma sanción se aplicará a quienes contraten sicarios, ya sea de forma directa o indirecta. Incluso, la simple promoción del sicariato será castigada con penas de 3 a 10 años de prisión y multas de 30 a 50 salarios mínimos.