El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) expresó su preocupación por la Política de Protección de Datos del Poder Judicial, la cual, según señalaron, podría beneficiar a los jueces, pero restringe el acceso de la ciudadanía y la prensa a la información, un derecho fundamental para todas las personas.
El presidente de Codue, Feliciano Lacen Custodio, explicó que el derecho fundamental a la protección de datos personales proviene directamente de la Constitución, y otorga a los ciudadanos el poder de disposición sobre sus datos, permitiéndoles decidir sobre su uso con base en su consentimiento, tal como establece el artículo 44, numeral 2, de la Constitución.
Lacen Custodio agregó que, si entendemos que el acceso a la información pública es una prerrogativa que permite a los ciudadanos conocer cualquier tipo de información generada por el Estado y su administración pública, entonces debemos considerar que este derecho es esencial para el ejercicio de la "ciudadanía", que es un pilar fundamental de la democracia.
Codue respalda la postura de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), que rechaza la política de protección de datos del Poder Judicial, argumentando que esta medida contraviene el derecho de acceso público a los expedientes judiciales, favorece la opacidad judicial y otorga a la Suprema Corte de Justicia un poder discrecional excesivo para ocultar información crucial para la transparencia y el ejercicio de las libertades públicas.
"El acceso a la información cobra una nueva dimensión porque, además de ser un derecho de los ciudadanos, fortalece directamente a los gobiernos democráticos, y se convierte en un mecanismo de autocorrección y aprendizaje, al facilitar la interacción entre los ciudadanos y el gobierno", señaló Feliciano Lacen.
Asimismo, destacó que "muchas veces se quieren tomar decisiones sin la colaboración y socialización con los sectores, de manera que la población esté informada de lo que está sucediendo. Las cosas han cambiado, ya no se gobierna como antes, y las instituciones, los políticos y los funcionarios deben ser conscientes de eso".
Codue manifestó su "gran preocupación" por esta medida, que se toma en un momento en el que el país enfrenta desafíos importantes como la lucha contra la corrupción, el crimen organizado, y delitos graves como la trata de personas y el lavado de activos, entre otros.
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