
El Gobierno tomó la decisión de retirar del Congreso la Ley de Modernización Fiscal, una medida que ha sido bien recibida por una amplia gama de sectores socioeconómicos. Sin embargo, esta acción ha despertado inquietudes sobre cómo se financiarán ciertos proyectos y obras que, según el presidente Luis Abinader y su equipo económico, dependían de los recursos previstos en dicha reforma tributaria. Estos fondos eran fundamentales para ejecutar planes ya contemplados en la agenda gubernamental.
El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, al ser consultado sobre cómo enfrentarán la falta de los recursos inicialmente proyectados, explicó que el Gobierno buscará "seguir estirando el peso, sin reforma". Esto se debe a que el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2025 no puede incrementar su gasto, ya que está regulado por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Es decir, cualquier aumento en el presupuesto debe estar en línea con las reglas fiscales que limitan el endeudamiento y controlan el déficit público.
Rijo Presbot aclaró que, aunque los recursos provenientes de una eventual reforma tributaria serían necesarios para enfrentar las necesidades del Estado, estos no estaban contemplados en la versión del presupuesto que fue presentada a finales de septiembre. Por lo tanto, la retirada de la reforma no afecta directamente la estructura financiera ya planteada para el próximo año, pero sí plantea desafíos a largo plazo sobre cómo el Gobierno financiará proyectos importantes sin esta fuente adicional de ingresos.
En cuanto al análisis de los expertos, varios economistas han señalado que, aunque la retirada de la ley fue una decisión acertada por el rechazo generalizado, el Gobierno tendrá que buscar nuevas alternativas para abordar los problemas estructurales de las finanzas públicas. Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, mencionó que el Gobierno necesitará consensuar una nueva propuesta tributaria en el futuro cercano. Señaló que el presupuesto de 2025 enfrenta dos grandes problemas: el pago de los intereses de la deuda pública, que absorberá unos RD$300,000 millones, y las transferencias al sector eléctrico, que ascenderán a unos RD$83,000 millones. Estos desafíos estructurales demandarán soluciones a corto y mediano plazo, y Ciriaco Cruz considera que el Gobierno deberá buscar una opción tributaria para enfrentarlos.
Por otro lado, el economista José Luis de Ramón destacó la importancia de una reforma del gasto público más amplia y eficiente, que permita redistribuir mejor los recursos del Estado. Señaló que una verdadera reforma implicará reducir la evasión fiscal, hacer más progresivo el sistema tributario, y eliminar gastos superfluos. Criticó la falta de consultas para consensuar la propuesta retirada y señaló que el Estado debe mostrarse más austero y eficiente en su administración. Según él, una reforma del gasto será "más grande y dolorosa" que la tributaria, ya que no solo requiere fusiones de instituciones, sino también la eliminación de personal innecesario y la reducción de otros costos.
Además, De Ramón subrayó que, sin una reforma efectiva, el presidente Abinader podría verse forzado a aumentar el déficit fiscal para poder ejecutar su programa de inversión pública. Entre las medidas sugeridas para mejorar la eficiencia del gasto, se encuentran reducir los gastos en publicidad, eliminar pensiones fuera de la ley, cortar duplicidades en la administración pública, y reducir el financiamiento a partidos políticos.
Por su parte, Miguel Collado Di Franco, vicepresidente del Centro Regional de Estudios Económicos y Sociales (CREES), indicó que el Gobierno deberá hacer un mayor esfuerzo en optimizar el ahorro y ser más eficiente en la ejecución de sus proyectos si desea cumplir con su plan de obras para los próximos años. Propuso un sistema tributario más amplio, con tasas más bajas, para reducir los incentivos a la evasión fiscal y mejorar la productividad del país.
Finalmente, aunque el presidente Abinader decidió retirar la propuesta de reforma fiscal tras el rechazo de diversos sectores políticos, económicos y sociales, aún no se ha aclarado si esta iniciativa será revisada y modificada para su futura reintroducción en el Congreso, o si el Gobierno abandonará definitivamente esta vía como fuente de ingresos. La incertidumbre sobre el rumbo fiscal del país persiste, mientras los expertos coinciden en que el Gobierno deberá encontrar soluciones a los problemas estructurales que afectan las finanzas públicas en los próximos años.
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