El Hospital José María Cabral y Báez, uno de los centros de salud más destacados de Santiago, sigue ofreciendo atención médica gratuita a haitianos sin exigirles ningún tipo de documentación, lo que demuestra su compromiso de brindar asistencia a todas las personas en necesidad, sin importar su nacionalidad.
Sin embargo, esta política ha cobrado relevancia en el contexto actual, ya que el presidente Luis Abinader ha sugerido la posibilidad de modificarla. Abinader argumenta que, dado el alto número de pacientes haitianos en el sistema de salud pública, los servicios no deberían seguir siendo gratuitos para este grupo, lo que ha abierto un debate sobre el acceso a la atención médica y los derechos de los inmigrantes.
Manasés Peña, director médico del hospital, explicó que la única condición para recibir atención es que el paciente haitiano presente un problema de salud. Según Peña, más del 90% de los haitianos que acuden al Cabral y Báez lo hacen por problemas relacionados con traumas, lesiones o accidentes de tránsito. Además, destacó que, aunque se ha mencionado la posibilidad de cambiar esta política, hasta el momento los servicios continúan siendo totalmente gratuitos.
Peña también señaló que, en los últimos años, la presencia de haitianos ha disminuido especialmente en el área de consultas por enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión, ya que muchos optan por acudir a otros centros ubicados en las zonas periféricas del país.
El 3 de febrero, durante su rueda de prensa en “LA Semanal con la Prensa”, el presidente Abinader anunció que el Poder Ejecutivo está evaluando la opción de que los servicios de salud en diversos centros públicos dejen de ser gratuitos para los extranjeros indocumentados que se encuentren en territorio dominicano.
Además, el 5 de febrero, Listín Diario informó que, durante el 2024, República Dominicana destinó un promedio de RD$1,068,757,173 en la atención de partos y cesáreas realizadas a 32,967 madres haitianas en hospitales públicos, considerando un costo promedio de RD$32,419 por procedimiento, según estudios internacionales. El consultor y experto en sistemas de salud, Pedro Ramírez Slaibe, advirtió que cobrar por estos servicios a inmigrantes en situación irregular podría generar serias contradicciones normativas y conflictos jurídicos.
En conjunto, estos hechos reflejan la tensión entre la misión humanitaria de garantizar el acceso a la salud sin discriminación y las presiones de gestionar los recursos públicos en un contexto de creciente debate sobre la sostenibilidad de la gratuidad de los servicios para inmigrantes indocumentados.
Comments