Hugo Beras: "Estoy agradecido porque voy a tener la oportunidad de ver a mis hijos"

Hugo Beras sonrió, juntó las manos en señal de agradecimiento y se giró hacia sus familiares, que se encontraban en la sala del tribunal escuchando la decisión de los jueces, la cual lo liberó de la cárcel de Najayo y le permitió continuar su proceso judicial bajo una nueva medida de coerción: prohibición de salida del país, presentaciones periódicas y una garantía económica de RD$5,000,000.

"Estoy agradecido, porque tendré la oportunidad de ver a mis hijos, a quienes aún no he podido ver", dijo al salir de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la noche del lunes 11 de noviembre, el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), acusado por el Ministerio Público de ser coautor y facilitador principal en un presunto esquema de corrupción relacionado con la red semafórica y el sistema de videovigilancia en la provincia Santo Domingo.

Los jueces Isis Muñiz, Luis Omar Jiménez y Delio Germán de la Segunda Sala Penal decidieron otorgar una medida de coerción menos severa un mes después de que Beras fuera enviado a la cárcel de Najayo, al considerar que no representa un riesgo de fuga.

El exdirector del Intrant también aseguró que daría declaraciones al país en otro momento.

La medida de coerción inicial era prisión preventiva por 18 meses. También se benefició con una medida menos grave José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de Aurix S.A.S y Transcore Latam, y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.

La Corte aprobó por unanimidad las modificaciones de medidas para Hugo Beras y Pedro Padovani, pero en el caso de Jochi Gómez, la jueza Isis Muñiz presentó un voto disidente, pues no estuvo de acuerdo con su liberación.

Los jueces destacaron que los allanamientos realizados por las autoridades fueron legales.

Jochi, Hugo y Padovani están acusados de formar parte de una supuesta red de corrupción y crimen organizado, involucrada en desfalco, estafas al Estado, falsificación, colusión de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje a infraestructuras críticas y robo de identidad.

Las presuntas irregularidades en la licitación están relacionadas con el contrato para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.