La Policía y el Ministerio de Interior se desvinculan de los abusos cometidos por sus agentes

La Policía Nacional atraviesa una fuerte crisis de credibilidad debido al incremento de muertes de ciudadanos a manos de sus agentes. El caso más reciente ocurrió en La Barranquita, Santiago, donde 11 policías abatieron a cinco personas en la entrada de una plaza comercial.

Ante esta situación, la institución ha optado por atribuir los hechos a la “responsabilidad individual” de sus agentes, evitando ofrecer detalles sobre las operaciones internas que derivaron en desenlaces fatales.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, expresó que también desea conocer las circunstancias exactas que provocaron la matanza en Santiago y está a la espera de los resultados de las investigaciones. Según adelantó Wilson Camacho, director de la PEPCA, las pesquisas revelan una secuencia de hechos que contradicen la versión oficial de un supuesto “intercambio de disparos legítimo”.

Raful aseguró que el Ministerio de Interior, la Policía y el Gobierno están colaborando con el Ministerio Público para esclarecer el caso y que no se están ocultando informaciones. Sin embargo, la mayoría de los informes de los más de 227 casos similares ocurridos en los últimos años no han sido publicados, salvo los de gran repercusión mediática.

Las estadísticas muestran un incremento preocupante: los fallecidos por “acción policial” pasaron de 77 en 2021 a 227 en 2024, lo que representa un aumento del 195 %. A pesar de estas cifras, el Gobierno mantiene un discurso enfocado en “mejorar los procedimientos policiales” y en los avances de la reforma institucional.

La ministra fue cuestionada por periodistas sobre la falta de acceso a los resultados de las investigaciones y el motivo por el cual se permitió la operación que terminó en la muerte de cinco personas. Respondió que será la justicia la que determine responsabilidades y que todas las actuaciones se procesan conforme a la ley, como si se tratara de cualquier ciudadano común.

No obstante, la falta de explicaciones claras sobre el aumento de la letalidad policial alimenta la desconfianza pública y plantea interrogantes sobre si estas muertes forman parte de una estrategia no declarada de “mano dura” en materia de seguridad ciudadana.

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