El director de la Dirección General de Pasaportes, Lorenzo Ramírez Uribe, anunció este martes una nueva licitación para la adquisición de libretas electrónicas, luego de que el primer proceso fuera suspendido hace dos meses debido a posibles irregularidades en los principios de participación, igualdad y libre competencia.
En esta nueva convocatoria, se exige que los participantes hayan producido al menos un millón de libretas en América Latina. Además, el adjudicatario deberá suministrar tanto el sistema informático (software) como el equipamiento necesario (hardware) para la impresión de pasaportes, que se elaborarán en policarbonato blanco y negro, incluyendo rasgos faciales y huellas dactilares.
Ramírez Uribe explicó que los lineamientos para este proceso fueron definidos en consulta con un equipo técnico y el presidente Luis Abinader, quien declaró la emisión de libretas electrónicas como un tema de Seguridad Nacional. Asimismo, señaló que la empresa seleccionada debe demostrar experiencia, capacidad de producción y garantizar el suministro continuo para asegurar la disponibilidad del servicio a los ciudadanos.
La propuesta también establece que el contratista asuma el costo inicial mediante un modelo de pago por libreta, donde recibirá un porcentaje de los ingresos por emisión o renovación de pasaportes. Según Ramírez Uribe, esta medida busca que solo empresas económicamente sólidas participen, ya que deberán operar los primeros dos años sin recibir beneficios, coincidiendo con las primeras entregas de libretas.
La Dirección General de Pasaportes solicita la impresión de al menos cinco millones de pasaportes en los próximos cinco años, a razón de un millón por año, asegurando que no haya desabastecimiento. Desde 2005, se han emitido casi 8.5 millones de pasaportes en el país, con un récord proyectado de más de 800,000 libretas emitidas solo este año.
Suspensión del proceso anterior
En septiembre, la Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió provisionalmente la primera licitación de pasaportes electrónicos tras identificar posibles incumplimientos en los principios de igualdad y libre competencia. La Dirección de Pasaportes había solicitado esta intervención para garantizar la transparencia e integridad del proceso.
La investigación reveló debilidades en el procedimiento que incumplían la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y su reglamento de aplicación, lo que llevó a la anulación del proceso inicial.
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