
Los casos de sobornos relacionados con la compra de los aviones Super Tucano y la venta irregular de terrenos en el sector Los Tres Brazos siguen siendo objeto de disputas legales entre el Ministerio Público y los acusados, quienes se encuentran en distintas etapas del proceso judicial. El caso de los Tucano está en manos de la Corte de Apelación, mientras que el de Los Tres Brazos está siendo tratado en la Suprema Corte de Justicia.
Este jueves, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional concluyó las audiencias del caso Tucano y anunció que emitirá su decisión el próximo 20 de diciembre. En este proceso se acusa a exfuncionarios y empresarios, como el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, el coronel Carlos Piccini Núñez, y el empresario Daniel Aquino Hernández, de recibir sobornos de Embraer para favorecer la compra de ocho aviones de combate en 2007.
Por otro lado, la misma sala está revisando el recurso del Ministerio Público contra la decisión que extinguió la acción penal contra Leoncio Almánzar Objío, exdirector de Corde, y varios empresarios involucrados en la cuestionada venta de cuatro millones de metros cuadrados en Los Tres Brazos. Según el Cuarto Tribunal Colegiado, integrado por Keila Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleida Méndez Batista, dicha extinción se justificó por el vencimiento del plazo legal.
El caso de los Super Tucano lleva ocho años en los tribunales, mientras que el de Los Tres Brazos acumula seis.
En la Suprema Corte de Justicia
La Suprema Corte de Justicia debe resolver un recurso de casación relacionado con el caso de Los Tres Brazos, en el que previamente se confirmó un "no ha lugar" para algunos acusados, pero se ordenó un nuevo juicio para Leoncio Almánzar y otros exfuncionarios. En este juicio, celebrado en el Cuarto Tribunal Colegiado, se dictaminó la extinción penal para varios imputados y la nulidad de acciones penales contra varias empresas implicadas.
Argumentos de la defensa y el Ministerio Público
Los abogados de los acusados en el caso Tucano sostienen que la decisión de extinguir la acción penal, dictada tras un segundo juicio de fondo, no es apelable según el Código Procesal Penal, ya que constituye una forma de absolución. Por su parte, el Ministerio Público, representado por el procurador fiscal José Miguel Marmolejo, argumenta que la decisión del tribunal de primer grado contraviene la jurisprudencia establecida, ya que no se evaluaron adecuadamente las pruebas ni se consideró la complejidad del caso.
Marmolejo confía en que la sentencia será revocada, señalando que los casos de corrupción, especialmente aquellos relacionados con criminalidad organizada, suelen extenderse debido a su nivel de complejidad.
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