Los diputados analizan una ley para regular el uso de Chat GPT e inteligencia artificial en la República Dominicana

Con el fin de regular el uso de la inteligencia artificial en áreas como educación, justicia, comunicación, finanzas y salud, la Cámara de Diputados de la República Dominicana está evaluando un proyecto de ley que organizaría su implementación y desarrollo en el país.

El proyecto fue presentado en junio de este año por los diputados Ramón Ceballos (saliente), Braulio de Jesús, Juan José Rojas, Julio César López, Mateo Espaillat, Kenia Bidó y Pedro Martínez.

Uno de los puntos destacados en el proyecto es la necesidad de que sistemas como Chat GPT y otros de inteligencia artificial expliquen cómo llegan a sus conclusiones. La propuesta busca que los procesos y algoritmos de la IA sean accesibles y auditables, lo cual permitiría generar mayor confianza en su uso y facilitaría la detección y corrección de posibles errores.

En el artículo tres, se establece que los sistemas de inteligencia artificial «deben ser transparentes» en su funcionamiento, proporcionando información clara y comprensible sobre cómo se generan sus conclusiones y qué criterios se utilizan.

El proyecto también contempla que cualquier sistema de inteligencia artificial que maneje contenido audiovisual debe garantizar la privacidad de los ciudadanos, la protección de sus datos personales, su integridad y sus derechos fundamentales.

En cuanto a la protección de los derechos de los ciudadanos, la propuesta subraya la importancia de mitigar la discriminación y asegurar la explicación de las decisiones automatizadas.

Aunque no detalla consecuencias específicas, la propuesta sugiere que los administradores de los sistemas de inteligencia artificial podrían ser multados o vetados en la República Dominicana si se niegan a mostrar sus algoritmos o si vulneran derechos relacionados con la privacidad y la información.

Registro obligatorio El proyecto también establecería la obligación de registrar los sistemas de inteligencia artificial ante una autoridad competente. Este registro incluiría detalles sobre el propósito, funcionalidades, algoritmos utilizados y las medidas de seguridad implementadas para garantizar «mayor transparencia y control» sobre la tecnología en el país.

Además, se contempla la creación de una entidad encargada de supervisar y auditar los sistemas registrados. Esta autoridad tendría la facultad de investigar denuncias, verificar el cumplimiento de la ley y aplicar sanciones por irregularidades.

La nueva entidad, denominada Autoridad Reguladora de Inteligencia Artificial (ARIA), tendría autonomía técnica y operativa, y sería financiada con recursos del Estado a través del presupuesto anual.

ARIA podría aplicar sanciones proporcionales a quienes incumplan la ley, que van desde multas hasta la prohibición temporal o permanente de usar ciertos sistemas.

Países como Canadá, Japón y China ya han implementado regulaciones legales para controlar el uso y desarrollo de la inteligencia artificial en sus territorios.