Los gobiernos locales juegan un papel crucial en la aceleración o detención de la deportación masiva bajo la administración de Trump

El futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido llevar a cabo "deportaciones masivas" de migrantes indocumentados en el país. El republicano ha señalado que, una vez en el poder, utilizará el poder federal, incluyendo una ley del siglo XVIII, para detener y deportar a aquellos que se encuentren en el territorio.

Para implementar una operación de tal magnitud, que afectaría a más de 11 millones de personas indocumentadas, Trump necesitará el apoyo de los gobiernos y cuerpos policiales locales y estatales.

La postura de cada región ante la migración será crucial para frenar o acelerar los planes del presidente electo, según expertos y activistas consultados.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes en varios estados ya se están preparando para enfrentar una posible segunda presidencia de Trump.

En Nueva York, donde residen más de medio millón de migrantes indocumentados, el estatus de ciudad santuario, que impide la cooperación con las autoridades de inmigración, no les exime de las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

En respuesta a la llegada de la nueva Administración, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, demócrata, ha declarado que cumplirá con lo dispuesto por el estatuto de ciudad santuario, el cual impide que las agencias locales compartan información sobre estos residentes. Sin embargo, también ha expresado su deseo de cambiar esta política, que data de finales de 1989.

El estatuto establece excepciones para los migrantes con condenas recientes por delitos violentos y aquellos en la lista federal de vigilancia terrorista. En caso de que el ICE obtenga una orden judicial, se procederá con la deportación.

Adams ha manifestado su oposición a las deportaciones masivas, pero ha admitido que no tiene planes concretos para enfrentar las acciones prometidas por Trump. Se ha limitado a señalar que su comisionado de la Oficina de Asuntos del Inmigrante, Manuel Castro, ha estado reuniéndose con organizaciones para coordinar respuestas a las nuevas políticas.

Tras las elecciones del 5 de noviembre, organizaciones locales y nacionales comenzaron a reunirse para planificar sus próximos pasos.

Grupos como la Coalición del Inmigrante han prometido luchar contra las propuestas de Trump. "Lo detuvimos antes y lo detendremos nuevamente", aseguró la coalición, mientras que Se Hace Camino expresó su disposición para enfrentar "todo" lo que se les presente.

Organizaciones como la Federación Hispana y United We Dream han comenzado a ofrecer talleres sobre los derechos de los migrantes y cómo prepararlos ante cualquier escenario.

Texas, un estado aliado

Texas, el segundo estado con la mayor cantidad de migrantes indocumentados en el país, después de California, con alrededor de 1.6 millones de personas, según Pew Research Center, ha sido un fuerte aliado de Trump. El gobierno estatal, dirigido por el republicano Greg Abbott, ha invertido millones en la iniciativa Operation Lone Star, que busca militarizar la frontera y frenar la entrada de migrantes y solicitantes de asilo.

A través de esta operación, Texas ha desplegado cientos de agentes de la Guardia Nacional en la frontera, incluyendo efectivos de otros 14 estados con gobiernos republicanos.

La legislatura estatal, también controlada por el partido de Trump, aprobó una ley polémica que otorga a las autoridades locales el poder de detener y deportar a los sospechosos de estar en el país de manera irregular. Esta ley aún no ha entrado en vigor, debido a que varias organizaciones, incluida la ACLU, han interpuesto demandas para frenarla, y se espera un fallo de un tribunal de apelaciones.

Kassandra González, abogada de Texas Civil Rights Project, señala que Texas ha estado utilizando una retórica en la que los migrantes son calificados como "invasores". "Nos preocupa mucho la llegada de Trump, ya que tememos que haya una separación masiva de familias y el uso de perfiles raciales para detener a personas tanto en las zonas fronterizas como en el interior del estado", comentó la activista.

En Texas, unas 5.6 millones de personas viven en familias con "estatus mixto", donde al menos un miembro no es ciudadano estadounidense. Los defensores de los derechos civiles temen que un plan de deportaciones masivas haga que el estado sea "un lugar menos seguro para todos".

"Trump no se limita por lo que dice la ley", añade Maribel Hernández, abogada de la ACLU, quien presentó más de 400 demandas contra el gobierno durante su primer mandato (2017-2021). "Él hace lo que va a hacer, pero nosotros, por supuesto, iremos a los tribunales y demandaremos".