Los jueces ante el reto de evaluar evidencia técnica en el caso Jet Set

El caso Jet Set: un juicio marcado por la complejidad técnica y el peso de la tragedia

17 de junio de 2025 – Santo Domingo, República Dominicana

El colapso de la discoteca Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril y que dejó un saldo trágico de 235 fallecidos, ha desencadenado un proceso judicial de alto perfil que representa un verdadero reto técnico y jurídico para los tribunales que conocerán el caso.

Si bien el impacto humano de la tragedia es incalculable, el proceso penal plantea una disyuntiva poco común en la justicia ordinaria: atribuir responsabilidades penales en un contexto donde las fallas estructurales requieren análisis de alta especialización técnica.

El Ministerio Público presentó cargos por homicidio involuntario contra los propietarios del establecimiento, Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Veras, alegando que ignoraron reiteradas advertencias sobre el deterioro del techo. Según la acusación, tanto empleados como encargados de mantenimiento y contratistas habrían notificado a los dueños sobre filtraciones, desprendimientos y otros signos visibles de daño, sin que se tomaran las medidas necesarias.

No obstante, los informes técnicos elaborados tras el colapso introducen una dimensión crucial al expediente. De acuerdo con una comisión de ingenieros estructurales y peritos en construcción, el colapso no fue provocado por la falta de mantenimiento superficial, sino por un defecto de origen: la fatiga progresiva de los anclajes metálicos que sostenían el techo, cuyo fallo estructural se habría gestado durante la construcción original del inmueble, décadas atrás.

Este deterioro, progresivo y oculto, habría sido prácticamente indetectable mediante inspecciones regulares, a menos que se realizara una evaluación estructural exhaustiva, fuera del alcance de las obligaciones rutinarias de mantenimiento.

Esta realidad técnica plantea una colisión de enfoques: por un lado, la narrativa fiscal se centra en síntomas visibles como goteras y manchas; por otro, los peritos aseguran que el colapso fue inevitable aún si se hubieran corregido esos daños menores, ya que el fallo radicaba en elementos estructurales ocultos.

Además, los principales testigos del Ministerio Público carecen de formación técnica en ingeniería estructural. Aunque sus declaraciones coinciden en señalar signos de deterioro, no establecen un vínculo técnico concluyente con el colapso.

Este dilema ha abierto un debate jurídico de fondo: ¿Puede un propietario ser penalmente responsable por no realizar un diagnóstico estructural especializado en ausencia de advertencias formales? ¿Existe una negligencia punible si el riesgo no era evidente sin estudios técnicos avanzados, que no son legalmente obligatorios para edificaciones existentes?

Expertos en derecho advierten que este tipo de casos exige distinguir entre responsabilidad penal y responsabilidad civil. Mientras la primera requiere demostrar una omisión grave y consciente frente a un peligro claro, la segunda puede involucrar obligaciones patrimoniales por no adoptar protocolos preventivos más rigurosos. En este caso, el riesgo no habría sido visible sin conocimientos técnicos especializados.

El juicio también estará marcado por la presión social generada por la magnitud del desastre. Aunque la emoción pública es comprensible, los jueces deberán evaluar con objetividad los elementos técnicos y jurídicos, en un proceso que podría sentar precedentes sobre los límites de la responsabilidad penal en casos de fallas estructurales ocultas.

El expediente Jet Set se perfila como uno de los procesos judiciales más complejos de los últimos años, en el que la justicia deberá balancear dolor social, evidencia pericial y criterios legales con extrema cautela.

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