Luis Abinader demanda respeto a la nueva Ley de Contrataciones Públicas como garantía contra la corrupción y motor de desarrollo
- Russell Santos
- 11 sept
- 2 Min. de lectura

El presidente Luis Abinader exigió este miércoles que se cumpla de manera estricta la nueva Ley de Contrataciones Públicas, la cual, según señaló, incorpora mayores controles y sanciones para evitar posibles actos de corrupción en la administración estatal.
Durante su intervención en el foro “Transformando la Compra Pública en Bienestar para la Gente”, organizado por la Dirección General de Compras Públicas, el mandatario resaltó que esta normativa fortalece la transparencia, agiliza los procesos, los hace más inclusivos y garantiza que los recursos lleguen a los sectores que más lo requieren.
Abinader subrayó que la ley no solo busca asegurar el uso responsable del dinero público, sino que también impulsa la economía, fomenta la innovación y contribuye a la generación de empleos mediante un sistema de contrataciones más moderno.
El jefe de Estado exhortó a todas las instituciones públicas a respetar la normativa y a asumirla como una herramienta esencial para lograr una gestión más justa, eficiente y confiable.
En el país, el sistema de compras estatales ha sido tradicionalmente uno de los espacios más expuestos a la corrupción, debido al alto volumen de recursos que maneja y a debilidades en los mecanismos de control y transparencia. Durante años se han denunciado prácticas como favoritismo político, sobrevaluación de obras, contratos sin licitación y adjudicaciones directas.
Ante esta realidad y las constantes demandas de la sociedad civil, organismos internacionales y sectores productivos, el Gobierno impulsó una profunda reforma al marco legal anterior (Ley 340-06), considerado insuficiente para responder a los desafíos actuales.
La nueva ley pretende cerrar vacíos legales, incorporar tecnología a los procesos, garantizar igualdad de oportunidades para proveedores —incluyendo MIPYMES, mujeres y sectores históricamente excluidos—, y establecer sanciones más firmes contra las irregularidades.
Además, plantea que las compras públicas deben verse como una herramienta de política pública con impacto directo en el desarrollo económico y social, capaz de mejorar los servicios estatales, reducir desigualdades y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
Tu Periodico Digital lascabuyas.com
Comentarios