El conflicto en la Cámara de Cuentas continúa vigente tras las evaluaciones de tres de sus miembros titulares que aspiran a permanecer en sus cargos. Durante sus comparecencias, se desligaron de las controversias en la institución y manifestaron confianza en que la nueva ley que regula el organismo solucionará los problemas internos.
Estos tres funcionarios, quienes tienen bajas probabilidades de ser reelegidos, evitaron asumir responsabilidad por las acusaciones en su contra. Por el contrario, señalaron a otros sectores como los responsables de interferir y contaminar el funcionamiento de la entidad.
En un informe presentado en 2023, los actuales miembros titulares fueron acusados de presuntamente ocultar auditorías, obstaculizar las labores y excederse en sus funciones.
El último evaluado fue el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez, quien responsabilizó a “los sicarios de la comunicación” de intentar desestabilizar su gestión y generar ingobernabilidad en el órgano fiscalizador.
Previamente, los diputados examinaron a Elsa Peña, miembro titular, quien atribuyó los escándalos en la entidad al propio Janel Ramírez, criticando su falta de liderazgo y gestión. Peña incluso afirmó que no volvería a trabajar con él.
Por su parte, el miembro titular Mario Fernández también fue evaluado. En su intervención, negó cualquier responsabilidad por las diferencias internas y culpó a un “sector corrupto” que, según él, financia campañas mediáticas para desprestigiar la gestión del organismo.
La nueva ley
De los cinco miembros titulares, estos tres buscan mantenerse en sus cargos o ascender a la presidencia, apoyados en la Ley 18-24, promulgada hace cinco meses, la cual —aseguran— evitará los conflictos que afectan a la institución.
La normativa, que fue debatida durante dos años en el Congreso y acelerada por las crisis internas, introduce cambios importantes, como otorgar al presidente de la Cámara de Cuentas la facultad de tomar decisiones administrativas de manera unilateral, sin necesidad de contar con la aprobación de los otros cuatro miembros, como lo exigía la anterior ley del 2004.
Proceso de evaluaciones
Los miembros titulares actuales serán evaluados junto a más de 200 aspirantes que buscan ocupar un puesto en la entidad auditora. La comisión de diputados tiene previsto concluir este proceso en febrero de 2025 y, posteriormente, juramentar a los nuevos titulares que desempeñarán sus funciones hasta 2029.
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