Participación Ciudadana: «La lucha contra la corrupción se ha desacelerado en 2024»

En su informe anual sobre el estado del país, Participación Ciudadana destacó aspectos positivos del 2024, pero advirtió que «la lucha contra la corrupción se ralentizó este año». Según el informe, esto se refleja en la limitada actuación de organismos encargados de la fiscalización, como la Cámara de Cuentas, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, el Congreso Nacional y la Contraloría General de la República.

Además, la organización criticó los «lentos avances en los casos de corrupción en los tribunales» y denunció una normativa judicial que dificulta el acceso a información sobre los imputados. «En total, estos casos involucran fondos públicos por más de RD$56 mil millones, cifra cercana a mil millones de dólares», indicó la organización.

Estrategias dilatorias y falta de auditorías

Erick Hernández Machado Santana, coordinador general de Participación Ciudadana, señaló que uno de los temas más preocupantes en 2024 ha sido la lentitud de los tribunales en procesar casos de corrupción pública. «Tanto las audiencias preliminares como los juicios de fondo se ven obstaculizados por estrategias dilatorias que aplazan las audiencias por razones injustificables, como supuestas enfermedades, compromisos sociales o viajes al extranjero», explicó.

Machado Santana también destacó la inoperancia de la Cámara de Cuentas, que, tras los escándalos de 2023, «se muestra prácticamente paralizada». Al cierre del año, no se había publicado ninguna auditoría, lo que representa un retroceso en su desempeño.

Sin embargo, reconoció avances en el marco normativo, como la promulgación de la nueva Ley No. 18-24, que reemplaza a la Ley No. 10-04 sobre la Cámara de Cuentas, y la entrada en vigor del Decreto No. 416-23, que actualiza el reglamento de la Ley de Compras y Contrataciones.

Bajo desempeño de los órganos de control

Según el informe, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) ha reducido significativamente sus actividades en comparación con el 2023. Aunque su titular, Milagros Ortiz Bosch, aseguró haber presentado más de 46 denuncias por corrupción administrativa, estas fueron enviadas al Ministerio de Administración Pública y a la Procuraduría General de la República, donde «no hay constancia de que se estén investigando», precisó el informe.

Por su parte, la Contraloría General y sus unidades de auditoría también redujeron la cantidad de informes publicados, lo que incrementó la percepción de inacción en la fiscalización interna.

Casos emblemáticos estancados

El informe señaló que casos como Antipulpo, Coral, Medusa y Calamar acumulan años de retrasos. Ejemplos incluyen:

· Antipulpo, que lleva cuatro años en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, con más de RD$4,796 millones involucrados.

· Coral, que cumple cuatro años en diciembre de 2025 en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y abarca RD$4,500 millones.

· Medusa, que enfrenta demoras tras dos años de audiencias preliminares, con RD$6,000 millones comprometidos.

· Calamar, que involucra más de RD$41,000 millones, aún sin concluir su audiencia preliminar.

El informe recordó que el Código Procesal Penal establece un plazo de cuatro años para dictar sentencia, pero criticó la interpretación estricta de este límite, sin tener en cuenta el principio de razonabilidad, especialmente en casos complejos con múltiples imputados.

Finalmente, Participación Ciudadana alertó sobre una nueva normativa que prioriza la privacidad de los imputados, limitando el acceso a información pública y contraviniendo el principio constitucional de transparencia en los procesos judiciales.