Con el objetivo de evitar que la crisis social de Haití impacte en el territorio dominicano, dos diputados presentaron un anteproyecto de ley el lunes que propone medidas como limitar el alquiler de viviendas a ciudadanos haitianos, restringirles ciertos empleos y condicionarles la compra de terrenos e inmuebles en el país.
El exministro Pelegrín Castillo presentó el anteproyecto, que será asumido por los diputados Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), y Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Entre las disposiciones, el artículo cuatro establece que los propietarios de viviendas deberán exigir documentos de identidad y comprobar el estatus migratorio de los extranjeros antes de alquilarles. En caso de cumplir con estos requisitos, la información deberá registrarse en el contrato de arrendamiento y reportarse a la Dirección General de Migración.
Otra cláusula del proyecto dispone que, antes de vender inmuebles o terrenos a ciudadanos haitianos, el Poder Ejecutivo deberá revisar, depurar y autorizar dichas solicitudes. Además, se establece que anualmente el Gobierno informará al Congreso sobre las solicitudes y autorizaciones procesadas.
En materia laboral, la propuesta busca reservar ciertos empleos exclusivamente para los dominicanos, como puestos de guardianes de edificios, seguridad, guías turísticos, jardineros, conductores y empleados en el gobierno central o las alcaldías.
El anteproyecto también incluye una disposición dirigida a los propietarios dominicanos, quienes estarán obligados a verificar la documentación de los haitianos antes de alquilarles una propiedad. Además, si un extranjero con estatus migratorio regular aloja a otro en situación irregular, perderá su estatus y será deportado. La Dirección General de Migración será la encargada de supervisar a los haitianos en alquiler.
Este proyecto tiene como base un pacto firmado en octubre de 2023, siguiendo un compromiso asumido por el presidente Luis Abinader en su discurso del 27 de febrero de ese año.
En cuanto a la seguridad fronteriza, se propone que los extranjeros que causen daños, heridas o lesiones al personal en la frontera enfrenten penas de prisión de tres a diez años. Estas sanciones aplicarán además a quienes construyan túneles, sin perjuicio de otras consecuencias legales relacionadas con delitos de terrorismo.
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