
El Departamento de Rehabilitación y Correcciones de California (CDCR) establece una serie de requisitos para que los presos puedan trabajar como bomberos. Los reclusos deben tener un estatus de “mínima custodia”, lo que implica que sean considerados de bajo riesgo, logrado mediante buen comportamiento y participación en programas de rehabilitación. Además, no deben tener más de ocho años de pena pendiente, ni haber sido condenados por delitos graves como violación, acoso sexual o causar incendios intencionales. También se les prohíbe haber intentado escapar de prisión o tener un perfil mediático relevante.
En el contexto de los devastadores incendios en Los Ángeles, donde más de 160 kilómetros cuadrados de terreno han sido arrasados, California ha desplegado más de 8,000 bomberos profesionales, a los que se suman unos 900 presos que participan en la extinción de los incendios. Estos reclusos trabajan en turnos de 24 horas y reciben un pago de 27 dólares diarios, una cifra significativamente inferior a los salarios de los bomberos profesionales, que ganan entre 85,000 y 124,000 dólares al año. A pesar de la baja remuneración, los beneficios para los presos van más allá del pago. Reciben certificados de capacitación en emergencias, lo que podría ayudarles a encontrar empleo al salir de prisión. Además, su participación en las tareas de extinción de incendios les permite conmutar parte de su condena, recibiendo dos días de reducción por cada uno trabajado. También, la ley AB 2147, aprobada en 2020, les permite solicitar la eliminación de sus antecedentes penales por delitos no violentos, lo que podría facilitar su reinserción laboral como bomberos tras la liberación.
A pesar de los beneficios, el trabajo de los reclusos ha sido objeto de críticas, especialmente en cuanto a las condiciones de seguridad. Un informe de la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. y de la Universidad de Chicago reveló que los presos bomberos tienen más probabilidades de sufrir accidentes y muertes en el trabajo en comparación con los bomberos profesionales. La falta de formación adecuada y las condiciones precarias del trabajo, junto con el bajo salario, han levantado cuestionamientos sobre la explotación de estos reclusos. El instituto de justicia Vera también critica la falta de una formación extensa y las barreras que enfrentan los presos al intentar convertirse en bomberos profesionales tras su liberación, a pesar de las oportunidades ofrecidas por la ley de 2020.
A pesar de estos desafíos, muchos reclusos prefieren participar en el programa debido a las oportunidades que les ofrece. Trabajar como bomberos les permite sentirse útiles, mejorar su calidad de vida dentro de prisión y ganar respeto. Algunos, como Matthew Hahn, un exrecluso que luchó contra incendios durante su tiempo en prisión, han defendido el programa como una oportunidad para mejorar su vida. Aunque reconocen que el sistema es éticamente cuestionable, muchos consideran que ser bombero en prisión es una mejor alternativa que permanecer en las condiciones difíciles de la cárcel.
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