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Un grupo de ciudadanos solicita la anulación de la ley que impulsó la reforma constitucional y propone la realización de un referéndum

Ayer, el Tribunal Constitucional (TC) abordó casos clave para el sistema democrático dominicano. Entre ellos, se debatieron solicitudes para anular la ley que convocó la reforma constitucional, eliminar el método D’Hondt y declarar inconstitucional la ley que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Los jueces escucharon las conclusiones de 10 acciones de inconstitucionalidad, dejando nueve en estado de fallo.


Reforma Constitucional:

Wendy Santos Berroa y Luis Ventura Sánchez pidieron que se declare inconstitucional la Ley 61-24, que justificó la reforma constitucional, argumentando que cualquier modificación relacionada con derechos fundamentales o cláusulas pétreas requiere un referendo, según el abogado Ramón Emilio Hernández Reyes. También criticaron la falta de reglamentación del referendo, ordenada por la Constitución de 2010.


El Senado y la Cámara de Diputados rechazaron el recurso, argumentando que la ley pierde validez una vez que se reúne la Asamblea Nacional.


Ley de la DNI:

La Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec) solicitó la nulidad de la Ley 1-24, señalando que violó procedimientos constitucionales al no respetar las leyes orgánicas. En caso de rechazo, pidieron la anulación del artículo 11 por violar derechos a la privacidad y datos personales.


Método D’Hondt:

Pedro Jiménez, excandidato de Fuerza del Pueblo, cuestionó la constitucionalidad del método D’Hondt establecido en la Ley 157-13 para asignación de escaños. Propuso que los diputados sean elegidos por mayoría simple u otro método proporcional que garantice la representación de las minorías. Tanto el Senado como la Procuraduría General de la República (PGR) defendieron la constitucionalidad del método.


Contribuciones municipales:

La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive) impugnó una ordenanza del Ayuntamiento del Distrito Nacional que impone tributos por el uso exclusivo de aceras para acceso a comercios. Alegaron violaciones al principio de legalidad tributaria y derechos de igualdad y propiedad. El Ayuntamiento no presentó defensa.


Decreto gubernamental:

La Asociación Dominicana de Bancas Deportivas (Adobad) cuestionó un decreto sobre el reglamento Hípico. La PGR defendió la posición del gobierno, argumentando la falta de fundamentos jurídicos en el recurso.


Otros casos:

El TC dejó en estado de fallo recursos contra el Código de Trabajo, la ley de Procedimiento de Casación y la ley de municipios. Emitió su único fallo sobre un recurso contra actos de alguaciles, declarándolo inadmisible por no ser objeto de acciones de inconstitucionalidad según la Constitución.

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