Colectivo Ciudadano exige al Ministerio de Educación corregir anomalías y cumplir con la Ley.

Colectivo Ciudadano exige al Minerd rectificar prácticas que afectan la educación pública

Tras una manifestación de docentes frente al Ministerio de Educación (Minerd), el Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa expresó su gran preocupación ante lo que considera una política institucional que deteriora la educación pública en República Dominicana.

La protesta, realizada el pasado viernes, reunió a cientos de maestros pertenecientes al Banco de Elegibles, quienes exigieron transparencia en los procesos de contratación y el cumplimiento de la legislación vigente.

El colectivo denunció que el Minerd ha adoptado medidas que debilitan la profesionalización docente y violan tanto la Ley General de Educación 66-97 como el Reglamento del Estatuto Docente.

Juan Valdez, presidente del colectivo y portavoz del movimiento, informó que durante una reunión con el viceministro Frank De Oleo, las autoridades defendieron la contratación de auxiliares para el nivel inicial sin concurso, bajo el argumento de que estos cargos son administrativos y pueden ser ocupados incluso por estudiantes universitarios.

Valdez rechazó esa postura y recordó que el Artículo 4 del Reglamento del Estatuto Docente establece que cualquier persona con funciones permanentes ante estudiantes en centros públicos debe ser considerada personal docente, sin importar el título del cargo.

Exigen respeto a la ley y educación de calidad

El colectivo reafirmó su compromiso con una educación pública digna y con la formación profesional del magisterio, al tiempo que advirtió que no permitirá que decisiones administrativas irregulares o intereses económicos sigan dañando el sistema educativo.

En ese sentido, dieron un plazo de 15 días al Minerd para corregir las irregularidades denunciadas y ajustarse a la normativa. En caso de no recibir respuesta, anunciaron una nueva jornada de movilización para el próximo 19 de mayo.

Contrataciones fuera del marco legal

Asimismo, denunciaron que, a pesar de haber más de 11,000 docentes habilitados en el Banco de Elegibles, el Ministerio continúa contratando facilitadores que no aprobaron el concurso de oposición, justificándolo con una supuesta escasez de personal.

Según Valdez, esta práctica no solo es ilegal, sino que responde a un enfoque económico, ya que estos facilitadores perciben un salario considerablemente menor al de un docente oficial, sin acceso a beneficios laborales ni seguridad social.

El colectivo advirtió que estas contrataciones violan los principios fundamentales del sistema educativo, afectan la calidad de la enseñanza y atentan contra los derechos laborales del personal docente.

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